La lucha canaria, deporte profundamente arraigado en el archipiélago, careció durante siglos de un Reglamento Técnico legalizado, rigiéndose por la costumbre y decisiones ocasionales en cada isla y momento[1]. Según Antonio Ayala, hasta 1957 no existió un reglamento formal que unificara las normas de este deporte tradicional[1].
El impulso para la creación de un reglamento surgió cuando Luis Doreste Silva, al asumir la presidencia de la Federación de Las Palmas, condicionó su cargo a la aprobación nacional de un Reglamento Técnico. Este documento debía ser reconocido por la Federación Española y servir de base para la organización y disciplina de la lucha canaria[1].
El proceso de redacción y aprobación del reglamento estuvo marcado por intensos debates entre las federaciones de Las Palmas y Tenerife. Cada una defendía sus costumbres y particularidades, lo que dificultó la unificación de criterios. Ayala relata que, tras la dimisión de un inspector de policía que ejercía como presidente, la lucha en Las Palmas quedó sin control federativo durante dos años, hasta que en 1957 se retomaron los esfuerzos de regulación[1].
En agosto de 1957, representantes de ambas federaciones y de la Federación Española se reunieron en el Gabinete Literario de Las Palmas para discutir los reglamentos insulares. La reunión se prolongó durante toda la noche, pero no se logró un acuerdo definitivo sobre la unificación de las normas[1].
Las diferencias principales giraban en torno a aspectos técnicos como la forma de decidir los empates, la definición de caídas y la organización de los terreros. Por ejemplo, la federación tinerfeña proponía artículos que, según Ayala, no se ajustaban al espíritu tradicional de la lucha canaria, como declarar vencedor a un luchador que no había caído, lo que fue rechazado por la delegación de Las Palmas[1].
Ayala documenta que, tras varios intercambios de cartas y reuniones, la Federación Española presionó para que se llegara a un acuerdo, sugiriendo incluso que se aprobara el reglamento más reciente con las modificaciones aceptables de ambas partes[1]. Sin embargo, la situación se mantuvo estancada hasta octubre de 1960, cuando finalmente se aprobó un reglamento unificado que respetaba la esencia de la lucha canaria y simplificaba las normas para su comprensión por parte de luchadores y aficionados[1].
Según Ayala, la aprobación de este primer Reglamento Técnico fue un paso fundamental para la organización moderna de la lucha canaria, aunque reconoce que el proceso estuvo marcado por la resistencia al cambio y la defensa de las tradiciones insulares[1].