A comienzos del siglo XX, el regionalismo canario no constituía una doctrina única ni un movimiento homogéneo. Bajo esa denominación coincidían republicanos federales, autonomistas, representantes de las burguesías insulares y sectores vinculados al movimiento obrero. Compartían la crítica al centralismo y la voluntad de que Canarias administrara mejor sus propios asuntos, pero discrepaban sobre el alcance político de esa aspiración[1].
El desastre colonial de 1898 dio una urgencia nueva al debate. La posición atlántica del archipiélago adquirió mayor importancia estratégica, mientras en la prensa se discutían el abandono del Estado y el peso económico británico. Las campañas en defensa de la españolidad de Canarias convivieron así con propuestas de descentralización: para algunos autores de la época, la autonomía podía reforzar la vinculación con España en lugar de conducir necesariamente a la separación[1].
La economía aportaba otra fuente de malestar. El régimen de Puertos Francos había favorecido la expansión comercial y la inserción atlántica de las islas, pero sus beneficios se concentraron especialmente en las burguesías mercantiles de Gran Canaria y Tenerife. La liberalización de las importaciones de granos y harinas desde 1900 agravó, además, las dificultades de economías campesinas incapaces de competir con la oferta exterior. La demanda de autonomía económica surgió, por tanto, dentro de una discusión concreta sobre impuestos, comercio, agricultura y dependencia[2].
El llamado pleito insular añadía una dimensión política. Las élites de Gran Canaria y Tenerife competían por el control administrativo y comercial, mientras Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro carecían de circunscripciones electorales propias. En las islas periféricas, la autonomía llegó a expresar tanto el rechazo a la tutela de las islas centrales como la exigencia de representación directa. El posterior Plebiscito de las Islas Menores, presentado en 1910, convertiría estas demandas en un programa explícito[2].
El regionalismo también se relacionó con la protesta contra el caciquismo y con la reorganización obrera. La Asociación Obrera de Canarias se constituyó en Santa Cruz de Tenerife en 1900 y su periódico, El Obrero, difundió ideas autonomistas. En 1901 se fundó el Partido Popular Autonomista, que vinculaba la intervención política de los trabajadores con la denuncia del fraude electoral y de los partidos de la Restauración. Tras su derrota electoral, algunos de sus integrantes trasladaron la campaña a la prensa de ¡Vacaguaré![3].
Estas corrientes no defendían siempre lo mismo. La autonomía podía significar descentralización económica y administrativa, instituciones insulares con mayor capacidad de decisión o, en las propuestas más avanzadas, órganos legislativos y ejecutivos propios. El temor a que la autonomía condujera a la independencia coexistía con el argumento contrario: que un autogobierno amplio reduciría el descontento y protegería al archipiélago frente a intereses exteriores[3].
En ese contexto, el periodista Leoncio Rodríguez pronunció en julio de 1906, en el Ateneo de La Laguna, la conferencia El Regionalismo Canario. Bosquejo histórico-social. Defendió el regionalismo como respuesta a la centralización burocrática, al dominio caciquil y a la debilidad de la vida pública. Desde las páginas de El Progreso, la propuesta se presentó como una causa compatible con ideologías distintas y centrada inicialmente en la autonomía administrativa y económica[1].
El mismo periódico promovió entonces una encuesta entre personalidades políticas y culturales. Las respuestas aparecieron entre el 23 de julio y el 8 de septiembre de 1906. Veintiocho participantes contestaron a una pregunta central: qué opinaban del regionalismo y si convenía solicitar autonomía económica y administrativa. Una amplia mayoría fue favorable, aunque las diferencias sobre el significado y los límites de ambos conceptos impiden hablar de un programa común[1].
La encuesta no creó el regionalismo canario: hizo visible una discusión que ya recorría la economía, la representación territorial, la prensa y la movilización social. Su valor documental reside precisamente en mostrar una convergencia provisional de intereses distintos. A comienzos del siglo XX, la palabra regionalismo permitía formular problemas compartidos, pero todavía no ofrecía una respuesta única sobre cómo debía organizarse Canarias.