Durante la conquista de Canarias, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la legitimación y organización del proceso de incorporación del archipiélago a la órbita europea. La Diócesis Canariensis y Rubiconensis fue la primera importante del Atlántico, anticipando el modelo que posteriormente se aplicaría en América[1]. La primera donación pontificia significativa fue la de Clemente VI a Luis de la Cerda en 1344, otorgándole el título de Príncipe de la Fortuna. Este acto respondía a criterios políticos claros, ya que el Papa, debilitado por el cisma, buscaba reafirmar su poder mediante la creación de un feudo de la Santa Sede en las islas[1].
La intervención de la Iglesia no solo se limitó a la evangelización, sino que también sirvió como escudo ideológico para justificar los intereses expansionistas de las potencias europeas. Según Peter Russel, la doctrina papal consideraba que solo la sociedad cristiana era legítima, y el Papa tenía derecho a disponer de los territorios de príncipes y pueblos paganos que no aceptaran la conversión[1]. Sin embargo, también existía la idea de una sociedad humana legítima que incluía a todos los seres humanos, cristianos o no, sobre la cual el Papa no tenía poder alguno[1].
El proceso de conquista y colonización de Canarias fue un laboratorio para la transformación del derecho feudal europeo en derecho internacional. Antonio Pérez Voituriez destaca que, desde los primeros pleitos homenaje hasta los tratados de Alcaçovas y Tordesillas, se observa la transición de un derecho público europeo a un derecho internacional con pretensión de imponerse en África y América[1]. Alonso de Cartagena, defensor de los intereses castellanos, sentó las bases del derecho internacional clásico de la colonización africana al separar el derecho de ocupación del valor de la donación pontificia, distinguiendo entre la evangelización y los derechos de conquista[1].
Los tratados de Alcaçovas (1479) y Tordesillas (1494) consolidaron la posición de Canarias como punto estratégico en el Atlántico. El primero situó a las islas en una posición límite entre los intereses de Castilla y Portugal, mientras que el segundo las convirtió en plataforma de comunicaciones y comercio con el Nuevo Mundo[1].
La llegada de misioneros, comerciantes y tratantes de esclavos a Canarias generó debates sobre la legitimidad de la esclavización de la población indígena. La Iglesia y la Corona defendieron la libertad de los canarios, considerándolos “paganos en vías de cristianización”[1]. Este debate anticipó las discusiones que, un siglo más tarde, tendrían lugar en la Península sobre los derechos de la Corona en las Indias.
En conclusión, la conquista de Canarias no solo fue una empresa militar y económica, sino también un proceso profundamente influido por la Iglesia y la evolución del derecho internacional, factores que determinaron su integración en la expansión atlántica europea[1].