El yacimiento arqueológico de La Cerera, situado en Arucas, Gran Canaria, representa un caso ejemplar de cómo la colaboración entre instituciones públicas, empresas y la comunidad vecinal puede ser determinante en la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico[1]. Descubierto durante la construcción de la sede de la Asociación de Vecinos Guanche, su importancia científica y patrimonial fue reconocida rápidamente, identificándose como un espacio habitado por comunidades prehispánicas del antiguo territorio de Arucas[1].
Según Pedro González Quintero, Marco A. Moreno Benítez y Antonio M. Jiménez Medina (eds.), la colaboración institucional, empresarial y vecinal fue esencial para armonizar las demandas de los diferentes colectivos implicados. Se aunaron los intereses de los vecinos, que reclamaban un centro social, con los de los investigadores, quienes obtenían nueva documentación para reconstruir el pasado de Arucas, y con los de la ciudadanía, que podría acceder al sitio y conocer su historia[1].
La intervención arqueológica en La Cerera fue posible gracias al auspicio de entidades como el Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la empresa UNELCO, así como a la coordinación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria[1]. Esta colaboración permitió no solo la excavación y documentación del yacimiento, sino también su musealización y apertura al público, demostrando que la integración de bienes patrimoniales en entornos cotidianos es un valor añadido para la sociedad[1].
El proceso de excavación contó con la participación activa de la Asociación de Vecinos Guanche, que permitió el acceso incondicional al área de la cueva donde se realizaron los trabajos arqueológicos, incluso cuando esto supuso la paralización temporal de la construcción del local social[1]. Los vecinos mostraron una gran paciencia y colaboración, aspectos que los autores del estudio destacan y agradecen expresamente[1].
La experiencia de La Cerera evidencia, según los editores, que la preservación del patrimonio cultural no puede ser una labor aislada, sino que requiere la implicación de todos los colectivos sociales[1]. La participación de licenciados, alumnos y doctorandos en las tareas de excavación y estudio de materiales fue también fundamental para el éxito del proyecto[1].
En conclusión, el caso de La Cerera demuestra que la colaboración entre instituciones, empresas y vecinos es clave para la protección y difusión del patrimonio arqueológico, permitiendo que estos espacios sean recuperados y disfrutados por toda la sociedad[1].