La historia de las bibliotecas públicas en Fuerteventura y Lanzarote durante el siglo XX revela una evolución marcada por criterios demográficos, desigualdades territoriales y retos estructurales. Según los datos recopilados por la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, la creación de bibliotecas públicas en los principales municipios de ambas islas siguió, en líneas generales, el criterio de establecer una biblioteca por cada 5.000 habitantes[1]. Sin embargo, la aplicación de este criterio no fue uniforme, lo que generó notables desequilibrios en el acceso a la lectura pública.
Por ejemplo, Puerto del Rosario, con casi 15.000 habitantes en 1986, contaba únicamente con dos bibliotecas públicas, cuando serían necesarias al menos tres según el criterio mencionado. De manera similar, Arrecife, con más de 30.000 habitantes, disponía de solo dos bibliotecas públicas, cuando el estándar sugería seis[1]. Además, se observaron casos en los que la ubicación de bibliotecas parecía arbitraria: Antigua, con poco más de 2.000 habitantes, tenía una biblioteca pública, mientras que Yaiza, con 1.994 habitantes, carecía de este servicio[1].
La falta de un servicio de biblioteca móvil (bibliobús) agravaba la situación en municipios pequeños como Betancuria, que quedaban completamente desatendidos en materia de lectura pública[1]. Esta realidad ponía de manifiesto la necesidad de un análisis más profundo de las necesidades sociales y de una planificación adaptada a las particularidades de cada municipio.
El panorama bibliotecario se veía además afectado por la escasez de recursos económicos, siendo los servicios bibliotecarios los primeros en resentirse durante las crisis[1]. Ante este contexto, los especialistas subrayaban la importancia de realizar estudios de necesidades, establecer metas concretas y evaluar los resultados de los servicios ofrecidos, en lugar de aplicar criterios rígidos basados únicamente en cifras de población o recursos materiales[1].
Se criticaba la visión tradicional de la biblioteca pública como una institución conservadora y minoritaria, centrada en la preservación del patrimonio cultural, y se proponía un modelo orientado al usuario, que garantizara el acceso a la lectura para toda la población[1]. El éxito de una biblioteca debía medirse no solo por la calidad de sus fondos, sino por indicadores como el número de socios, préstamos, consultas y peticiones no satisfechas.
La profesionalización del personal bibliotecario era otro reto señalado. En muchos casos, el servicio estaba a cargo de personal provisional, profesores o administrativos sin formación específica, lo que dificultaba la consolidación de servicios bibliotecarios estables y de calidad[1].
Finalmente, se hacía un llamado a superar los modelos antiguos y a trabajar de manera colaborativa, fomentando asociaciones profesionales y la coordinación entre bibliotecas de diferentes islas para optimizar recursos y mejorar el servicio a la comunidad[1].