En la noche del 8 de diciembre de 1789, Lanzarote fue escenario de un episodio singular conocido como la asonada de la «pobrera», un motín que puso de manifiesto las tensiones sociales y políticas en la isla durante el siglo XVIII[1]. Este suceso ocurrió en el contexto de una profunda crisis que afectó a todo el archipiélago canario, aunque Lanzarote había experimentado menos alteraciones sociales en comparación con otras islas[1].
El detonante de la asonada fue el relevo del gobernador de las armas de Lanzarote, el capitán don Juan Creagh Powles, quien sería sustituido por Francisco Aguilar Martínez. Este cambio no fue bien recibido por la población, ya que Creagh gozaba de gran estima entre oficiales, milicianos y clases populares, no solo por su competencia militar, sino también por su actuación como juez de pastos[1].
La conspiración se gestó entre varios milicianos y vecinos de distintas localidades, quienes, bajo la consigna de evitar el embarque de Creagh, organizaron una reunión en Conil la noche del 8 de diciembre, aprovechando que el gobernador pernoctaría allí antes de partir hacia Las Coloradas[1]. La convocatoria se realizó de boca en boca, y el plan consistía en reunir a un grupo de hombres que convergerían en el Volcán de Masdame antes de dirigirse a Conil. Finalmente, unos 80 hombres participaron en la acción, muchos de ellos milicianos y vecinos de localidades como Yuco, La Vegueta, Tao y Los Valles[1].
Al llegar a Conil, los conjurados rodearon la casa donde se alojaba Creagh y exigieron, en nombre de la «pobrera» de Lanzarote (los pobres y marginados de la isla), que el capitán permaneciera en el gobierno de las armas. La petición fue redactada por el escribano Antonio Cuevas Zaldivar, aunque el texto original no se conserva[1]. Tras este acto, los participantes se dispersaron pacíficamente, sin que se produjeran incidentes violentos.
El análisis posterior de los hechos revela que la asonada fue en gran medida un montaje promovido por el propio Creagh, quien buscaba beneficiarse de su prestigio y del apoyo de los milicianos para mantenerse en el cargo[1]. Sin embargo, una vez conseguido su objetivo inmediato, Creagh se distanció de los conjurados y evitó asumir responsabilidades directas[1].
La reacción de las autoridades fue la apertura de un proceso sumario, aunque la investigación avanzó lentamente y solo se identificó a una pequeña parte de los participantes. El conflicto de jurisdicciones entre la Audiencia y la Comandancia General complicó aún más el proceso, y finalmente la responsabilidad de Creagh quedó diluida, considerándose los hechos como un simple desacato a la autoridad civil más que como un motín grave[1].
Este episodio ilustra la complejidad de las relaciones de poder en las islas de señorío y la utilización de la movilización social como herramienta política en el contexto del Antiguo Régimen canario. La asonada de la «pobrera» destaca por su carácter limitado y por el intento de legitimar la acción bajo la bandera de los marginados, aunque en realidad fue impulsada por intereses personales y militares[1].