En 1986, con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, las Islas Canarias comenzaron a beneficiarse de los fondos estructurales europeos, diseñados para reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de Europa. Este apoyo financiero fue crucial para Canarias, una región ultraperiférica con desafíos económicos significativos debido a su lejanía geográfica y su dependencia del turismo. Los fondos estructurales se destinaron a mejorar infraestructuras, promover la diversificación económica y fomentar el desarrollo sostenible. La inversión en infraestructuras de transporte y comunicaciones facilitó una mayor integración de las islas con el continente europeo. Además, se impulsaron sectores como la agricultura, la pesca y las energías renovables, contribuyendo a una economía más resiliente. Este periodo marcó un punto de inflexión en el desarrollo socioeconómico de Canarias, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo su posición dentro de la Unión Europea.
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